El crimen de Rocío Rojas, que se suma al homicidio de Érika, registrado en julio de 2020 y al caso de L.B., agredida y abusada en Alberdi en diciembre, generó un fuerte planteo por parte de una funcionaria judicial. La jueza de Familia VI, Claudia López, intimó al Poder Ejecutivo a que tome una serie de medidas para mejorar el funcionamiento de la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (Dinayf) porque está en juego el futuro de la infancia tucumana.

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La magistrada, en su resolución, destacó que “se observa un progresivo deterioro en la capacidad de respuesta del organismo encargado de la aplicación del Sistema de Protección Integral de Derechos de Niños Niñas y Adolescentes (NNyA) y autoridad de aplicación de la Ley N° 8.293. Resulta sintomática la sistemática falta de respuesta a los oficios judiciales, que deben reiterarse con apercibimiento de aplicar sanciones conminatorias o iniciar denuncias penales a los funcionarios para poder obtener una apurada respuesta que muchas veces carece de rigor profesional”.

“Si no hay cambios, habrá más casos Rocío”

“Este deterioro progresivo se observa tanto en la faz de la promoción de derechos como en la restitución de derechos ya vulnerados. En el segundo caso, la situación alcanza el carácter de gravedad institucional. Al respecto, cabe destacar la falta de respuesta a denuncias de malos tratos a NNyA o su contracara: la iniciación de causas por malos tratos a NNyA sin que las denuncias hayan sido previamente constatadas, al menos con un informe social”, sostuvo.

“Existe una falta de respuestas oportunas y debida diligencia en el abordaje de los casos, que impide que se articule una intervención que se traduzca en la concreta satisfacción del interés superior de niños, niñas y adolescentes. Tiene como fundamento la probable insuficiencia de recursos humanos y materiales imprescindibles para la consecución del fin para el que fue creada: la protección de la infancia”, agregó.

López aclaró: “No desconocemos el dramático efecto que provocó la pandemia, ni pretendemos tampoco invisibilizarlo. Justamente, en situaciones de catástrofes o crisis es donde tiene que primar el principio del interés superior de NNyA como eje ordenador de prioridades”.

Acuerdos

La jueza también explicó una serie de convenios que firmaron los poderes Ejecutivo y Judicial. Recordó que en febrero de 2017 se comprometieron a profundizar y fortalecer acciones de promoción, prevención y protección de derechos de NNyA.

Entre otras cuestiones, el Ministerio de Desarrollo Social se comprometió a continuar trabajando en políticas públicas para el fortalecimiento del rol de las familias y en la efectivización y reconocimiento de los derechos de los NNya en situación de calle. Los funcionarios de DS anunciaron que se encargarían a realizar el mantenimiento y mejoras edilicias en los hogares institutos a su cargo, procurando otorgar prioridad a las reparaciones que sean necesarias.

También habían anunciado facilitar la incorporación de personal idóneo en los hogares e institutos, para posibilitar las visitas regulares de familiares de los menores que se encontraban institucionalizados.

La jueza recordó que el 4 de abril de 2017 la Corte Suprema de Justicia de la Provincia dictó una acordada en la que se aprobó el Protocolo Interinstitucional sobre la aplicación del Sistema de Protección Integral de Derechos de NNyA. En esa resolución, se precisaron los circuitos de intervención del PE, en que concretamente se designaba a la Dinayf como órgano de aplicación de la Ley 8.293.

“La falta de cumplimiento del convenio y las obligaciones legales que competen al PE, están afectando el funcionamiento de los Juzgados de Familia. Es necesario destacar que por expreso mandato legal no corresponde que los Juzgados de Familia suplan intervenciones que son propias, exclusivas y excluyentes del órgano administrativo”, razonó la magistrada en la resolución que firmó ayer a la que tuvo acceso LA GACETA.

Los pedidos

Por ese motivo, solicitó entre otras cuestiones al gobernador Juan Manzur, al ministro de Desarrollo Social Gabriel Yedlin, a la secretaria de Niñez, Adolescencia y Familia Guadalupe Casas y a la directora del área Mariana Cirelli a tomar las siguientes medidas:

- En el plazo de 10 días hábiles debe poner en funcionamiento una mesa interinstitucional de trabajo que se encargue de identificar de las debilidades del funcionamiento actual del Sistema de Protección de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes en toda la provincia.

- Exhortó al PE que provea los recursos humanos y materiales para que la Dinayf pueda cumplir en forma eficiente el papel que le compete en el Sistema de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes.

- Elaborar un calendario público de mejora progresiva en la asignación de partidas presupuestarias, recursos profesionales y mejoramiento de los espacios edilicios de los Dispositivos de Cuidado Institucional, conforme a un plan sistemático de satisfacción de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Niños, Niñas y Adolescentes de la Provincia de Tucumán. Ello, de conformidad con los compromisos asumidos en los convenios interinstitucionales suscriptos.

- Establecer un control con remisión de informes bimestrales de cumplimiento de lo resuelto en este fallo.